Los líderes de la Unión Europea firmaron el 12 de diciembre de 2016 el “Acuerdo de Diálogo y Cooperación” con Cuba, con el ánimo de establecer un puente que les permitiera influir en la problemática cubana, de conformidad con los postulados que tienen establecidos en su política exterior. Nunca se dudó del enfoque particular de los europeos, como tampoco de las sucesivas y esperadas resoluciones condenatorias y en especial la última, dada la naturaleza totalitaria de la dirigencia castrista. Los amantes de la libertad y la democracia recibieron con júbilo la última resolución.
Los parlamentarios de la democrática y culta Europa, en la “Resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba” dejaron plasmado que la parte cubana declinó participar en audiencias y actividades relacionadas, con el agravante que respondieron con insultos y acusaciones infundadas, así como a las comisiones del Parlamento y otras instancias no les permiten visitar el país tras la entrada en vigor provisional del acuerdo. Por las vulneraciones inaceptables en lo tocante a la dignidad de la persona humana, se hace necesaria la invocación de la cláusula de derechos humanos como elemento esencial de los acuerdos internacionales de la unión, en aras de suspender dicho acuerdo; la aplicación del nuevo “régimen sancionario” para aquellas personas naturales o instituciones estatales involucradas en graves violaciones de derechos humanos, y la condena más enérgica por la existencia de presos políticos, la persecución política y demás violaciones de esa naturaleza, entre otros muchos reclamos.
En los tiempos que corren, el concepto de soberanía absoluta, entendido como el principio de no intervención, reflejado en la Carta de Naciones Unidas emitida en San Francisco en 1944, ha cambiado a la luz de la evolución que ha experimentado el mundo, de modo que quedan fuera de lugar las descalificaciones del régimen sobre la UE. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene carácter indivisible y universal, así pues, el artículo 28 plantea: “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos”. El referido artículo es el que consagra la solidaridad planetaria con los oprimidos y abusados, y al mismo tiempo es muy temido y/o repudiado por cualquiera de los regímenes no democráticos del mundo, como el que padecemos los cubanos. América Latina y el Caribe, agrupados en la Celac, tiene varios lustros de retraso con respecto a la UE, no solamente en el desarrollo económico y social, sino en el grado de maduración de las instituciones de la sociedad civil, política y republicana, lo cual tiene su expresión en la política exterior de promoción de los derechos humanos y las libertades básicas concomitantes.
Se cree que es pertinente que exista la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac). A fin de cuentas, el mundo y la región están poblados de esquemas de integración, y eso ayuda, pero nunca se debe perder la perspectiva americana. Existen diferencias culturales y hasta civilizacionales en toda la inmensidad del continente: el Cono Sur, los Andes, el noreste brasileño, el Caribe, Mesoamérica, los de origen anglosajón, la provincia de Quebec, los inuit y otros. Las variaciones de desarrollo y del tamaño de los diferentes países es enorme y es un tanto aleatorio. Crear una división tomando el Río Bravo como frontera está políticamente motivada, desune, crea una confrontación que no beneficia a nadie. En todo caso, América del Norte y lo que queda al sur se necesitan mutuamente.
La Organización de Estados de Americanos (OEA) tiene muy buena concepción y debe preservarse. Una cosa es el secretario general, que por demás es elegido democráticamente y la otra la institución en sí misma. Claro, que a los violadores de derechos humanos y/o los chovinistas les molesta un liderazgo comprometido con la justicia, así como el accionar de las dos entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos: la Comisión y la Corte.
Es preocupante que el gobierno de México haya invitado a la cumbre de la Celac que nos ocupa a los representantes de más alto nivel de la ONU, la UE y China, país con régimen de partido único y distante, pero no a los estadounidenses ni canadienses. Si eso no es un proceder discriminatorio y de baja catadura, ¿que lo será? A lo que se debe agregar el tratamiento de primera clase dispensado al trío con los peores expedientes de violaciones de derechos humanos: Venezuela, Nicaragua, y en primerísimo lugar, Cuba.
Las intervenciones en ese cónclave de los jefes de la delegación de Uruguay, Ecuador, Paraguay, Chile y Costa Rica fueron muy equilibradas, pues se apreció un compromiso con la agenda de sus países y la región y al mismo tiempo con la defensa de los valores prístinos del consenso americano, recogidos posteriormente en la Carta Democrática Interamericana. A pesar del impulso que le quiso dar López Obrador a la Celac, la ausencia del peso pesado, Brasil, las delegaciones de bajo perfil enviadas por muchas naciones y las controversias entorno a la agenda de derechos humanos propiciaron que los resultados no fueran los esperados. Claro, siempre se concertaron políticas en aras de enfrentar la pandemia, el cambio climático y demás. Más allá de los lazos históricos que unen a Cuba y México y la concomitante simpatía entre ambos pueblos, se considera de parte del MCR que el presidente azteca no reúne las condiciones para liderar ese proyecto.
21 de noviembre de 2021