El II Pleno del Comité Central del PCC se produce en el peor momento de la historia del castrismo. Todavía está caliente el asfalto de las calles de la mayor protesta espontánea, desde abajo y multitudinaria en más de 40 ciudades, pueblos y barrios a lo largo y ancho de todo el país, donde se sumó a las demandas socioeconómicas las de libertad, patria y vida y el cambio sistémico. El socialismo real cubano navega en una de las tres grandes crisis socioeconómicas de su existencia. Padece un sustancial desgaste de las instituciones oficiales y de la energía política de sus menguadas bases, esto último denominado eufemísticamente “esquematismo y rutina”, y también sufre la ausencia de un mecenas internacional que le tienda la mano en el nivel que necesita, así como enfrenta la irritación cuasi generalizada de los atormentados cubanos por las carencias y fallas de funcionamiento más elementales.
A una pregunta retórica lanzada por Miguel Díaz-Canel: “¿Hacia dónde vamos?”, respondió que vamos al cumplimiento de los documentos programáticos emanados de los últimos tres congresos del partido, la Constitución y demás. En fin, como era de esperarse, más de lo mismo. Lo más novedoso es la implementación de las MPYMES, pero el camino a recorrer hasta su plena operatividad está plagado de innumerables escollos que se consideran insuperables en las circunstancias actuales. Los mismos son:
1) Una buena parte de los actuales cuentapropistas surgieron en el mercado informal y posteriormente muchas de sus operaciones fueron al margen de la ley, de modo que no poseen una cultura gerencial, peor aún, a muchos les resulta difícil encuadrarse dentro de las asfixiantes normativas estatales.
2) Con la Tarea Ordenamiento se insufló una enorme cantidad de dinero en el mercado sin respaldo de bienes y servicios, lo cual ha acarreado una monumental inflación, la devaluación de la moneda a niveles depauperados, así como la caída en picada de los ahorros de los emergentes empresarios, lo cual ha dejado a muchos a merced de los posibles créditos y la correspondiente magnitud y capacidad de compra que pudieran tener. En ese orden de cosas, el tipo de cambio informal, el único operativo a estos efectos se ha disparado para encarecer sobremanera las operaciones de mercadeo.
3) El sector privado, tal y como se entiende en el mundo, necesita disfrutar de libertades económicas, por el contrario, en el país se produce una intromisión del Estado y el partido único muy lesiva para los negocios. El primero maneja con criterios políticos las variables macroeconómicas con las correspondientes consecuencias nefastas, así como genera otras distorsiones e impedimentos. El segundo impone directrices de obligatorio cumplimiento, entre las que se encuentran el encuadramiento del sector a los acuerdos tomados en los diferentes congresos y otras veleidades; los inoperantes sindicatos oficialistas; las contribuciones a la MTT; la participación en los desfiles, en fin, la politización más rampante que le resulta contraproducente a ese talante de independencia que le es indispensable a los emprendedores. En otras palabras, las MPYMES podrían terminar siendo como las fracasadas Cooperativas de Créditos y Servicios, Cooperativas de Producción Agropecuaria y Unidades Básicas de Producción Cooperativa.
4) Antes de la Tarea Ordenamiento los ingresos institucionales y de los empleados eran altos en términos relativos, pero ahora han disminuido sustancialmente. Un trabajador del emergente sector privado ganaba mucho más que su par estatal, pero desarrollaba una mayor productividad. El criterio de mejorar la redistribución sin tener en cuenta la eficiencia resulta lesivo e injusto.
5) Un buen funcionamiento de las MPYMES necesita un entramado institucional y legal que no poseen: liberalización de la inversión y el comercio exterior; una adecuada intermediación financiera; mercado mayorista constituido por particulares y si acaso con la concurrencia del Estado; leyes modernas que regulen el cumplimiento de los contratos, las patentes y las conductas anticompetitivas; desregulación de los precios y salarios, en todo caso con topes mínimos de los segundos; leyes que reduzcan a la mínima expresión los trámites para la creación y disolución de empresas; disciplina macroeconómica; compañías de seguros, publicidad y servicios legales, entre otras.
Por otra parte, al aceptar la concurrencia de capitalistas en el escenario nacional, deben modificar los requisitos de incorporación al Partido Comunista, eso es, el mismo dejaría de ser “clasista de obreros y campesinos”, según reza en la ideología marxista-leninista, para aproximarse al prototipo chino donde hasta los millonarios militan. De cumplirse lo propuesto con las carencias descritas, se acentuaría un maridaje de interés entre los empresarios capitalistas y la clase política, lo cual se conoce en la literatura especializada como capitalismo de compinches, una versión nefasta.
No se vislumbra por ninguna parte que la militancia del partido y la unión de jóvenes comunistas y mucho menos los dirigentes de las llamadas “organizaciones sociales y de masas” hagan las veces de “pastores o predicadores de la revolución y el socialismo”, lo cual implicaría el “enfrentamiento a las trabas y al burocratismo”, “propiciar debates”, “fortalecer el ejercicio del poder popular” y demás. Los que detentan el poder deben llenarse de valor y reconocer que el pésimo marco de incentivos material oficial sumado al bajo reconocimiento social contribuyen a que los más capacitados se resistan a ejercer como dirigentes políticos.
A lo anterior se añade que la manifiesta incapacidad sistémica y las mínimas reformas de mercado, en tanto que la gente tiene que asumir la responsabilidad de su propia vida, han erosionado esa herramienta tan cara para mantener el control social: el paternalismo. Lo expuesto por Miguel Díaz-Canel en su discurso de clausura es una quimera, el socialismo real cubano no tiene presente ni futuro, solamente una clase política aferrada al poder persevera en su consecución.
Una prueba fehaciente de la enorme desconfianza que le tienen las élites a los cubanos de a pie, incluso a los potenciales reformistas que habitan dentro de las esferas del poder, es la prohibición tajante de la marcha del 15N. Es un recurso retórico de marcado infantilismo, por lo obvio, decir desde el lado contestatario que la mejor y más civilizada manera que tienen los jerarcas del Comité Central de contrarrestar la marcha opositora es realizar una contramarcha y con ello demostrar el músculo político del cual alardean. La represión como respuesta es arrogancia, miedo a quedar en ridículo y desprecio al otro.
Nadie en su sano juicio cree esa jerigonza, que los líderes convocantes están al servicio del imperialismo, son anexionistas y demás, eso sería subestimar la inteligencia de los cubanos, así como de los máximos exponentes de la sociedad civil. En cualquier país que funcione mínimamente bien los partidos que ejercen el poder y los de la oposición marchan una y otra vez, lo único que explica la diferencia es el régimen totalitario presente, del cual hay que deshacerse.
Se ha producido un duelo de esgrima entre las partes contendientes en cuanto a la apoyatura constitucional de la marcha. Se puede argumentar de los amantes de la libertad, que les asiste ese derecho por lo contenido en el artículo 56, que consagra los derechos de reunión, manifestación y asociación; el 41 que “reconoce y garantiza a la persona humana el derecho y goce de los derechos humanos”, entre los que se encuentran el de manifestación pacífica; el 42 donde se acredita que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación”, por lo cual no comulgar con las ideas socialistas ni ser “revolucionario” no debe ser objeto de ostracismo; el 3 que refrenda que “la soberanía radica intransferiblemente en el pueblo del cual dimana todo el poder del Estado”; si se respetara esa concepción, el partido único no podría ser “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado” y en consecuencia se reconocería la pluralidad política y sus concomitantes derechos. Hay un refrán que dice: “Quien hizo la ley, hizo la trampa”
26 de octubre de 2021
