Recientemente se celebró el evento virtual: “La diplomacia parlamentaria en los derechos humanos”, organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS). Si un país de la región necesita de la solidaridad democrática internacional es Cuba. Los regímenes autoritarios como el venezolano y el nicaragüense son una nimiedad en comparación con el que padecemos los cubanos.
Fue reconocido sin tapujos cómo los regímenes, chino y ruso, entre otros, tienen una política exterior orientada a crear zonas de influencia, condicionar el acceso a sus mercados, inversiones y ayudas, y hacer gravitar a los políticos entorno a ellos, o cuando menos, que no los cuestionen en materia de violaciones de derechos humanos.
También fue evidenciado que la promoción y defensa de los derechos humanos, fronteras afuera, recae fundamentalmente en el Poder Ejecutivo, y como el mismo suele priorizar la agenda económica y comercial, en no pocas ocasiones se desentiende de tan vital tema. Emergió con fuerza la necesidad de practicar una diplomacia pro respeto a los derechos humanos más allá del Poder Ejecutivo, eso es, por el Estado, lo cual implica la entrada en escena de la diplomacia parlamentaria, que tiene entre sus herramientas: los proyectos de acuerdos; los grupos binacionales; las relaciones presenciales, como las misiones; presentación de informes de violaciones de derechos humanos en instituciones internacionales; el uso de los medios de difusión y las redes sociales; influir proactivamente en orientar el voto para la selección a miembros del Consejo de Derechos Humanos hacia Estados con historiales decentes en la materia, y otras.
Se enfatizó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por su carácter universal, es el postulado más sustantivo de la globalización, más allá del comercio, las inversiones, la liberalización creciente de los flujos de personas y demás. Por otra parte, se subrayó que el concepto de soberanía absoluta, entendido como el principio de no intervención reflejado en la Carta de Naciones Unidas emitida en San Francisco en 1944, ha cambiado a la luz de la evolución que ha experimentado el mundo. Hoy es básicamente no aceptado invocar dicho principio en aras de esquivar responsabilidades, pues suele ser el recurso recurrente utilizado en sus andanzas por las autocracias, y en menor grado también por las democracias con notables deficiencias.
Al amparo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual pasa por la responsabilidad de proteger a las víctimas en situaciones muy difíciles como pueden ser las guerras de exterminio étnico, genocidios, epidemias incontrolables y demás, se tiene previsto las intervenciones humanitarias, las operaciones de paz y la jurisdicción universal de la Corte Penal Internacional. Se defendió el multilateralismo como el enfoque que está en consonancia con el mismo.
Se fue claro al postular que los derechos humanos y la democracia se deben potenciar con el tendido de puentes y la construcción de relaciones horizontales entre iguales, vale decir, entre las naciones pertenecientes a la comunidad de países que honran los mismos, pero en aras del orden y la seguridad a nivel global y regional se debe incluir en el ámbito relacional a los regímenes autoritarios, la única manera de atemperar los posibles conflictos y hasta las guerras.
Se apostó por un orden basado en reglas y valores, la solidaridad democrática internacional, así como que la diplomacia parlamentaria debe estar acompañada por la movilización de la sociedad civil y los partidos políticos. También se exhortó a asumir lo que se denominó la nueva agenda de los derechos humanos: la equidad de género, la protección del medio ambiente y la defensa de los pueblos originarios.
En la mayor de las Antillas son violados flagrantemente los derechos humanos de forma orgánica; esa falencia está en la esencia misma de la Constitución, las leyes complementarias y la mentalidad de la clase política. Según la fraseología oficial, existe un solo poder vertebrado entorno al partido único (comunista), obviamente con división de funciones. Como parte del mega-Estado regenteado por dicho partido, concurre un Parlamento que no cumple con los requisitos mínimos indispensables. Al malestar profundo y sistemático en el ámbito político se le une un modelo económico generador de una pobreza estructural y de una cuasi parálisis. Se espera que la solidaridad democrática internacional y la diplomacia parlamentaria defendida en este debate tomen cuerpo en relación al peor caso de América Latina: Cuba.
31 de agosto de 2021