Aumentan sobremanera las amenazas y la propaganda que defiende al establishment. ¿Por qué será? No hay dudas que los medios de recolección creados para tales efectos y las redes sociales envían información a la nomenklatura del grado de descontento popular existente y la falta de credibilidad en las élites, lo cual está dado, entre otras cosas, por el agotamiento de la capacidad de generar expectativas, de salir del atolladero en que se está, de la pertinencia del socialismo real, etc.
José Luis Reyes Blanco, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República de Cuba, invocó los tenebrosos artículos 1, 4 y 13 de la Constitución. Más que eso, aludió a las figuras delictivas contenidas en el Código Penal, tales como: desorden público, propaganda enemiga, ultraje a los símbolos de la patria, sabotaje, mercenarismo. También a la Ley 80 y la que tiene un carácter especial, la 88. En el artículo periodístico se terminó sentenciando: “Sobre aquellos que pretendan subvertir el orden o agredir al país han de caer, con toda su fuerza, las leyes”.
Todo ese andamiaje de normas jurídicas y figuras delictivas espurias defendidas por el representante de la fiscalía, ponen de relieve que la soberanía no descansa en el ciudadano, sino que fue capturada por unas élites de orientación totalitaria, en tanto la única alternativa para la superación del régimen cubano pasa por la refundación de la nación.
La solución salomónica para tal fin sería aprobar una ley que fije las condiciones y los procedimientos para la implementación de una Convención Constituyente; la misma debería estar acompañada de un plebiscito de entrada y uno de salida; la posibilidad de conformar candidatos independientes dentro y fuera de las diferentes modalidades autorizadas al efecto: listas, pactos y partidos políticos. Estos últimos serían del partido del poder (despojados de sus dogmas y prerrogativas), así como los que gravitan actualmente en la oposición democrática de forma fortalecida u otros de nueva creación, que obviamente presentarían sus candidatos también. Una vez que la nación relance un nuevo proyecto de país, desde esta variante soberana se podría armonizar el dilema presente (legitimidad vs legalidad), donde el segundo concepto está vaciado del primero.
La anterior propuesta de solución, planteada así, parece un libelo de ficción de cara a la intolerancia y disposición totalitaria de los que ejercen el poder en nuestro sufrido país. Las fuerzas vivas prodemocráticas tienen el imperativo de apropiarse de la filosofía y metodología de la no violencia activa. Mahatma Gandhi, ante la eventualidad de enfrentarse a un régimen despótico, que como todos los de su tipo se apropian de un herramental de represión política (Constitución, Código Penal, cuerpos policiales, una extendida red de prisiones, etc.), legó para la posteridad: “La desobediencia civil es un derecho del hombre”, así como que la independencia y el autogobierno se alcanzan “por la capacidad de todos de resistir a una autoridad abusiva”.
En esa misma línea de razonamiento, el doctor King planteó: “El que quebranta una ley injusta, tiene que hacerlo abiertamente, con amor, y aceptar la consiguiente sanción”. Y más adelante argumentó que eso se corresponde con el “más inminente respeto por el derecho”. Los derechos humanos, desde una perspectiva naturalista o consuetudinaria, están asociados intrínsecamente con nociones fundadas para salvaguardar la dignidad de la persona humana. Nada les impide a los jerarcas cubanos buscar una solución salomónica y por tanto dejarse de falacias. Existe un adagio que plantea: “Bobo es aquel que cree que los demás lo son”.
25 de mayo de 2021