En el discurso oficial nunca se invoca la libertad, la democracia, el republicanismo, el Estado de derecho, rara vez los derechos humanos y cuando lo hacen es de forma distorsionada. En cambio, utilizan en demasía la justicia social, la independencia y la soberanía nacional, pero resulta que esos conceptos y sus implicaciones también son violados.
Según la literatura especializada, la justicia social está vinculada a igualdad social, igualdad de oportunidades, Estado de bienestar, distribución de la renta, derechos laborales y sindicales, entre otros. No se puede hablar de igualdad social y de oportunidades en un contexto donde existe un apartheid por motivos políticos y filosóficos y las resultantes implicaciones en cuanto a acceder al empleo, la retribución salarial, el acceso a la educación superior, a ocupar puestos de responsabilidad, en fin, poder ascender en buena lid la pirámide social. En nuestro país, hablando con propiedad, lo que existe es un Estado hipertrofiado de tipo patológico, que tiene que ver muy poco, para no decir nada, con el Estado de bienestar.
Eso es, la eficiencia y eficacia en las prestaciones sociales están en entredicho; la corrupción y la obsolescencia tecnológica son una realidad palmaria; la escasez de medicamentos, instrumental médico, infraestructura de educación, depreciación del capital humano de los profesionales; el mal estado constructivo de las edificaciones; las carencias en la cultura vinculada a los servicios, entre otras, son evidentes. Los resultados obtenidos en el pasado en cuanto a mortalidad infantil, expectativas de vida, niveles de escolarización, graduados de nivel superior y otros están en el peor momento y no son sostenibles.
Una cosa es el igualitarismo y otra una buena distribución de la renta. Lo primero imperó casi totalmente hasta hace poco tiempo, con toda la carga de injusticias que lleva aparejado a través del poder coactivo del Estado: las expropiaciones arbitrarias de propiedades, dándoselas a otros que tal vez ni lo merecieran por ser poco emprendedores, laboriosos y responsables; la estrechez del abanico salarial, más allá del esfuerzo y talento desplegado; las gratuidades indebidas; el emparejamiento desde arriba, etc. Lo segundo presenta serias dificultades actualmente por la galopante inflación; el tipo de cambio que distorsiona la economía familiar; la presencia en el escenario nacional de una clase política y empresarial depredadora; las distorsiones estructurales; la baja productividad de los factores, todo lo cual incide en los menguados y desiguales ingresos de muchos, entre otros.
Ni qué hablar de la conculcación de los derechos sindicales y laborales, Eso es, los sindicatos disponibles para los trabajadores no son reivindicativos, por el contrario, son corporaciones orientadas a someter al gremio. Obviamente, los obreros no pueden inscribir sindicatos que estén en sintonía con sus conveniencias y aspiraciones. Como es sabido por todos, los derechos de huelga, de libre sindicalización, a una genuina negociación colectiva, al establecimiento de medios de prensa independientes… son quebrantados sin misericordia.
En nuestro país, la retórica de la independencia nacional es una discursiva dirigida a movilizar las teclas más sensibles del sentimiento de identidad nacional, que utilizaron las nuevas élites que arribaron al poder en 1959 a modo de perpetuarse. Fidel Castro, en sus afanes de grandeza, no concebía tener como oponente a un cubano, por lo que proscribió la política, y en cambio desafió, claro desde el lado de acá del estrecho de la Florida, a los sucesivos presidentes de los Estados Unidos.
Astutamente se mantenía en campaña política permanente con unos actores que habitaban fuera de Cuba, eso le proporcionaba una retórica movilizante y la capacidad de embelesar a los desdichados cubanos. Por otra parte, se inscribió en la geoestrategia global de la Unión Soviética, o sea, abdicó de la tan cacareada independencia nacional, con el agregado que en el preámbulo de la Constitución socialista de 1976 se le hacía loas a esa potencia comunista.
No es posible afirmar que existe soberanía popular en un país donde un único partido está por encima de los órganos representativos de los ciudadanos, llámense Asamblea Nacional, Consejo de Estado, Consejo de Ministros, así como de la sociedad. Como se puede apreciar en la TV, los temas medulares se discuten y aprueban primero en el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y después, y en algunos casos, se trasladan al Parlamento, pero acotados para su discusión y aprobación a las directrices de los comunistas.
Esta cuestión se agrava sobremanera en nuestro país porque no hay ciudadanos, o sea, sujetos de derechos, pues cuando priman las concepciones colectivistas los derechos individuales deben subordinarse a las supuestas decisiones de un gremio o de toda la sociedad, y en última instancia a quien posee todos los hilos del poder: el primer secretario del Comité Central del PCC. Para ser más preciso, en nuestra sufrida nación impera un absolutismo en versión totalitaria.
17 de abril de 2021