Cuando Fidel Castro llegó al poder, enfrentó una tarea muy difícil y extremadamente compleja: rematar todo lo que quedaba del entramado institucional y legal del anterior régimen, así como construir un nuevo orden totalitario, de partido único, economía centralmente planificada y propiedad estatal del tipo soviético estalinista, y especifico lo de estalinista porque fue el autócrata georgiano el arquitecto de ese nefasto modelo que se nos impuso.
Como es bien sabido, las revoluciones se estructuran en un ciclo: se instauran después de una lucha, se desarrollan, alcanzan la cima más o menos prevista y finalmente concluyen, dejando un legado institucional y procedimental. En nuestro país, ese ciclo se completó con la promulgación de la Constitución socialista de 1976. Algunos autores consideran que mucho antes. De modo que seguir hablando de revolución cubana es cuando menos un disparate.
Fidel Castro en sus palabras a los intelectuales, después de un rodeo lleno de ambigüedades sentenció: “Dentro de la revolución, todo; ¡contra la revolución, nada!” Su pronunciamiento anunció cuál sería el aciago proceder a enfrentar por parte de los escritores, artistas, periodistas, intelectuales y por extensión los políticos y activistas sociales que no se alinearan al naciente poder totalitario. Es una falacia defender el susodicho pronunciamiento subordinando las libertades y derechos fundamentales a lo colectivo.
Es evidente que la igualdad sin libertad es tiranía conducida por un caudillo/pastor de un rebaño de carneros, así como que en la libertad sin igualdad ante la ley se imponen los más fuertes y/o capaces, de modo que se produce una estratificación dañina a la dignidad humana. Un sano equilibrio entre esas dos dimensiones nos conduce hacia la mayor justicia posible. En los sistemas demoliberales el ciudadano es el soberano, así pues, la realidad nacional, más allá de la importancia de la sociedad civil, es abordada a dos manos: por el Estado y el mercado. El primero tiende a consolidar la igualdad y el segundo le da rienda suelta a los más emprendedores y ambiciosos. En ese contexto, el tamaño del Estado puede llegar a decenas de puntos porcentuales del PIB anual, para así estar en condiciones de ofrecer prestaciones sociales y políticas orientadas a la creación de la igualdad de oportunidades. Claro, se privilegia que el individuo asuma la responsabilidad de su propia vida a través de su inserción en el mercado como trabajador o propietario.
Las sociedades libres y democráticas están caracterizadas por darle rango constitucional a los derechos individuales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o cuando menos protegerlos en las leyes individuales complementarias. Desde el ejercicio de los referidos derechos la ciudadanía construye una trama de instituciones de la sociedad civil y política, o sea, se desarrolla la convivencia colectiva. La libertad de asociación y manifestación permite darle vigor cívico renovado al espacio público y sus instituciones, a contrapelo de lo que plantean los agoreros del establishment, de modo que no exista fuerza capaz de “atomizar, captar, corromper” a los ciudadanos, para con ello “barrer los derechos y libertades individuales”.* Eso es pura palabrería justificativa para esconder la indefensión en que nos encontramos los cubanos. El nivel de creación de riquezas y oportunidades que posea cada país es proporcional, en mayor o menor medida, a la promoción y protección de los derechos y libertades, un verdadero incentivo para dinamizar las fuerzas productivas.
Resulta desconcertante ver cómo los propagandistas del castrismo defienden a “un sujeto colectivo, que desfila en la plaza, aprueba una Constitución o desconoce a la oposición en Cuba”. Cuando el individuo se disuelve en una masa amorfa, así como es solamente un número a contabilizar, podemos concluir que se ha aniquilado al ciudadano. Una sociedad compuesta por súbditos, que se mueven por los resortes de unos mecanismos de dominación y sometimiento, no puede presentarse como la solución de nada y solamente es defendible desde los presupuestos retorcidos del totalitarismo.
En Cuba no se puede hablar de un consenso social porque no están legalizadas las diferentes partes intervinientes en la vida pública, en consecuencia, el sucedáneo del referido consenso son las políticas y programas irradiados desde la espina dorsal del régimen: el partido único, que por lo demás dirige y fiscaliza todo.
Ningún pueblo es masoquista y el cubano no es la excepción, y si no se ha generado el surgimiento y revitalización de la sociedad civil autónoma capaz de imprimir una dinámica de cambios libertarios ha sido por la ferocidad aplicada con guantes de seda y/o directa de los personeros del régimen encargados de garantizar la conservación del status quo, valiéndose de encarcelamientos, detenciones arbitrarias y sistemáticas, golpizas, allanamientos de morada, actos de repudio, confiscación de bienes, fuertes amenazas a simpatizantes de la oposición, censuras a la creación artística e intelectual, despidos de centros de trabajos y estudios, la utilización de herramientas de dependencia y condicionamientos, etc.
La Constitución actual es la mejor de todas las existentes desde 1959 hasta la fecha, pero eso nos da la idea de lo malas que eran las anteriores. En fin, es un legajo falto de legitimidad y orientado a aplacar las ansias libertarias que puedan manifestarse, y en consecuencia no es ningún mérito que se le pueda atribuir al sujeto colectivo invocado.
Los líderes de la oposición y demás activistas no pueden ser fabricados desde el exterior, pues esa opción nace de una vocación innata de la persona que se perfecciona con el aprendizaje formal y sobre todo en la práctica (lucha). En nuestro país dar el paso al frente y hablar a nombre de los que no tienen voz cuesta muy caro, por lo que ningún dinero del mundo recompensa hacer una estancia en las horribles cárceles cubanas, por citar una de las consecuencias. En otras palabras, solamente se lucha por unos ideales, por vocación de servicio a la patria. Quisiera destacar que el G2 crea unos “opositores” que tienen la encomienda de quitarle brillo y poder de convocatoria a la verdadera oposición, así como complementan ese trabajo con los voceros oficialistas que propagandizan estigmatizaciones de los mismos. En fin, estamos lidiando con unos métodos represivos confeccionados por profesionales de academia.
La planificación central y la empresa estatal socialista están concebidas para que los flujos financieros y de medios solamente operen en favor del régimen opresor, y por tanto son una formidable herramienta de subordinación de la otredad. Los revolucionarios que triunfaron el 1° de enero de 1959 dispusieron de una clase media y alta con recursos privados que contribuyeron con mucho dinero a la beligerancia que les dio el triunfo. Sin embargo, una vez que se hicieron del poder, les confiscaron todas sus propiedades, convirtiéndose esto en uno de los mayores atracos y traiciones que se hayan realizado a través de la historia de Cuba. Los activistas cubanos de la actualidad no cuentan con los recursos con que contaron los revolucionarios de entonces. Descalificar a la oposición democrática cubana por recibir ayuda internacional va desde un sinsentido hasta una cobardía.
Quisiera esperar un cambio en el comportamiento de estos profesionales del periodismo, que se llenen de valor, rompan con las ataduras y dejen de repetir los mismos sofismas de siempre. No es posible que no aprecien las señales de los tiempos que corren. Hace mucho que el socialismo de Estado perdió total credibilidad y en muchas de las sociedades donde imperaban se produjeron transiciones hacia la libertad y la democracia. Ustedes también pueden poner su granito de arena y hasta grandes bloques en la implementación de un nuevo proyecto de país.
31 de julio de 2020
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*Este trabajo es una reacción al artículo escrito por Karina Oliva Bello: “Cuba y la compleja relación entre lo individual y lo colectivo”, publicado en Granma el 20 de julio.