El proceso a través de cual el país tendrá una nueva Constitución es congruente con el régimen imperante. Eso es, la cúpula gobernante redactó la matriz a partir de la cual se confeccionará la nueva Carta Magna, que por demás no puede transgredir las directrices de los dos últimos congresos del Partido Comunista. Dicho proceso es por definición verticalista, o sea, es implementado de arriba hacia abajo, aun cuando esté decorado con una supuesta participación popular.
El proceso también es anticonstitucional, pues la única institución con poderes para reformar la Ley de Leyes es la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que solamente debatió dicho proyecto tres días, y por el contrario ejerció como una suerte de comisión de estilo, preocupándose por nimiedades. Los parlamentarios cubanos pasan por el filtro de las comisiones de candidatura y esto trae como resultado que los mismos sean la quintaesencia castrista. En otras palabras, están de espaldas al pueblo y de rodillas ante el poder.
Si un artículo refleja la naturaleza intolerante del totalitarismo cubano es el número 3. En el mismo se asegura la irrevocabilidad del socialismo y del sistema imperante, en un contexto donde patria y socialismo son conceptos equivalentes; al mismo tiempo asegura que la traición a lo anterior es el más grave crimen y en consecuencia el transgresor merece severas sanciones. Hay que saber distinguir entre la deslealtad de un soldado a su ejército y misión y el ejercicio de las libertades básicas por los ciudadanos de un país. Este título es el que protege a la oficialidad de la Seguridad del Estado (SE), los miembros de la Brigadas de Respuesta Rápida (troperos), los diferentes cuerpos represivos del MININT y demás, cuando cometen desmanes contra los pacíficos opositores como son los actos de repudio muchas veces violentos, golpizas, arrestos, asaltos a las viviendas, y los consiguientes encarcelamientos. Concederle rango constitucional a esto es el colmo de la desfachatez y del desprecio al otro. Así pues, este acápite está en las antípodas de la convivencia civilizada en sociedades plurales; la nuestra no debería ser la excepción.
En el artículo 40 queda refrendada sin ambages la discriminación por motivos políticos y filosóficos; en el 60 se reconoce la libertad de prensa, pero con los medios en cualquiera de los soportes en manos de los censores, es decir del Estado, mientras que la educación y demás medios de transmisión cultural siguen jugando el rol de adoctrinar, crear matrices de opinión y movilizar políticamente a la ciudadanía en apoyo al establishment; en el 61 los derechos de reunión, manifestación y asociación son reconocidos, pero se pasa a la ley complementaria los candados invalidantes.
En cambio, en el artículo 59 se reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión sin coletillas mutiladoras; en el 39 se garantiza el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad, y más adelante lo subordinan a los tratados internacionales que el gobierno ratifique, o sea, que si en un futuro lo hacen con los pactos de la ONU, tendrían que ajustar la normativa para tal fin en dicho texto constitucional, y eso no es una mala noticia.
Habría que ver cómo se conciliarán algunos derechos individuales incorporados al Anteproyecto, que de seguro va a ser el próximo texto constitucional, con las leyes complementarias que se promulgarán, pues es alto el riesgo de que los enclaves autoritarios que fueron sacados de la actual Constitución los pasen a dichas leyes, a modo de hacer más potable la nueva Carta Magna.
Si algo expresa fehacientemente el secuestro por parte del sector más duro del régimen de los destinos del país en el actual Anteproyecto, es que defiende la planificación central y la empresa estatal socialista. No basta que el otrora bloque de países socialistas desmontara estrepitosamente todo ese entramado por ineficiente y generador de escasez y grandes insatisfacciones, así como los ejemplos de China y Vietnam vistos en perspectiva. La peor ceguera es que no aprenden la lección producida en nuestro país, que ha sido con mucho el peor en desempeño y resultados. ¿Por qué entonces mantener obstinadamente el modelo de marras? Hay una sola explicación: garantiza, desde la dependencia que genera, la subordinación de los trabajadores y por extensión la del pueblo de Cuba, a los que mandan con mano dura.
Se ha podido apreciar algunas “consultas populares” en la televisión cubana que reflejan un público momificado, con la excepción de algunos que se lanzan al ruedo y plantean aspectos que se quedan en la periferia de lo medular. Es lógico que suceda, pues no ha sido posible realizar debates en un contexto plural y con respeto a las libertades individuales que propendan a empoderar a la ciudadanía. Están presentes en este proceso el miedo, la dependencia, la pasividad y el desconocimiento de los mejores estándares en la materia. Es el legado que nos ha dejado el castrismo.
Cuba necesita un proceso de estas características, pero de sentido inverso: de abajo hacia arriba, que pasa por la elección de una Asamblea Constituyente donde concurran los representantes elegidos democráticamente de todo el espectro político y social de la nación, así como la interacción constante de los constituyentes con sus seguidores. El borrador que emerja debe reflejar el consenso al cual se ha llegado y posteriormente tiene que someterse a referendo popular, con la máxima de que el soberano tiene la última palabra.
La oposición democrática cubana se debate entre reunirse, deliberar y hacer sus propuestas sobre el tema o boicotear el proceso controlado por el régimen. Como es sabido por todos, el movimiento contestatario es plural, descentralizado y por tanto existen diferentes visiones estratégico-tácticas. Así pues, depende a lo que se aspire: si es a una solución integral de libertad, democracia, justicia y prosperidad no hay nada que buscar en esos cónclaves; pero si se desea, desde una agenda minimalista, realizar un ejercicio de participación democrática, aprovechar la concurrencia de un público que reúne el gobierno para hablarle de nuestros sueños, desarrollar la capacidad para defender ideales en ambientes adversos, etc., pues no está mal. La mala noticia es que de seguro no dejarán llegar a nadie o a casi nadie, y el peso que tendrían los participantes contestatarios sería insignificante.
4 de octubre de 2018