Prácticamente el nuevo texto constitucional ha sido escrito de puño y letra por el general del Ejército Raúl Castro y los jerarcas comunistas más sobresalientes. Primero, el grupo de trabajo presidido por éste elaboró las bases legislativas con vistas a las reformas de la Constitución, la cuales fueron posteriormente aprobadas por el máximo órgano de dirección del partido el 29 de junio del 2014. Luego de un largo recorrido de correcciones (mínimas) y aprobaciones por el Buró Político y el pleno del Comité Central fue que el llamado Parlamento cubano, casi cuatro años después, aprobó el 2 de junio del presente año iniciar el proceso de reformas. Para tal fin se creó una comisión, presidida por el mismo Raúl Castro como garante de la continuidad del régimen, de 33 diputados para elaborar un Anteproyecto.
En otras palabras, el documento resultante será presentado para su discusión y aprobación los días 21, 22 y 23, como el último coche del tren, al “órgano supremo del Estado y único con potestad constituyente y legislativa”: la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es de suponer que solamente en tres días, con la ausencia de un bagaje constitucionalista de sus miembros y sin poder real para dejar su huella en lo que debe ser la Ley Suprema, este Anteproyecto será sin dudas, grosso modo, la futura Carta Magna. Por otro lado, es sabida por todos la naturaleza de las llamadas consultas populares en nuestra sufrida patria: un mecanicismo instrumental.
El general del Ejército expresó en la Primera Conferencia Nacional del Partido: “Dejar atrás la vieja mentalidad y forjar con intencionalidad transformadora”, lo cual sirve formalmente de fundamento para esta nueva Ley de Leyes. ¿Pero cómo puede conjugarse lo anterior con la doctrina del marxismo-leninismo, que es la ideología del poder totalitario? En otras palabras, no se puede aspirar a la cuadratura del círculo. Todavía si asumieran los postulados de Antonio Gramsci, tendrían un trillo donde salvar su honra.
Una Constitución debe ser la sombrilla donde logren cobijarse todos los ciudadanos de un país y en consecuencia no puede ser confesional, o sea, adscribirse a una ideología o sistema cerrado. ¿Por qué entonces reafirmar el “carácter socialista” en la misma? Este axioma supone que a quienes no son socialistas solo les queda el ostracismo político, ponerse de rodillas o luchar cívicamente por corregir esa aberración. En verdad, el referido apotegma está dirigido a dividir al país en victimarios y víctimas. Igual tiene que ser desterrado de una futura Constitución la existencia de un único partido, que por demás “tiene un papel rector, así como de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Primero, estos militantes comunistas no son elegidos por la ciudadanía para tan alto desempeño, o lo que es lo mismo, carecen de legitimidad, y segundo, esa autoasignación supone creerse moral y políticamente superior al resto de la sociedad.
En el Anteproyecto de marras, entre otras cuestiones, se define al Estado cubano como “fundado en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos”, y tiene como uno de sus objetivos esenciales “el disfrute de la libertad política”. Para imprimirle contenido a lo anterior debe producirse una reconversión sustancial del sistema socialista vigente, de modo que desde las nuevas leyes complementarias, que emanarán como resultado del nuevo texto constitucional, haya una orientación prorreformas estructurales de mercado que mejoren fundamentalmente el marco de incentivo, la productividad del trabajo y la competitividad de la economía, lo cual es consustancial con la laboriosidad, el emprendimiento y el adecentamiento del marco empresarial. Con bajísimos salarios, corrupción rampante y desidia gerencial no se puede aspirar a lo anterior. La planificación central, la empresa estatal socialista y las granjas cuasi estatales tienen que ser sustituidas por la iniciativa privada y su concomitante marco legal.
Además, el respeto de la dignidad de la persona y el fomento de la ética están en las antípodas del igualitarismo enmascarado de justicia social que padecemos, así como los derechos individuales, consagrados en la Declaración Universal y los pactos de la ONU, deben ser incluidos en la parte dogmática de la nueva Carta Magna, si se quiere hablar de libertad política; lo otro es oscurantismo político. Como corolario de lo anterior debe abrirse el diapasón en la Ley de Asociaciones y con ello permitir la eclosión de una sociedad civil autónoma.
Si del “imperio de la ley” se trata, en la actuación de los órganos del Estado hay que dejar atrás lo que ha sido una práctica incuestionable: la discrecionalidad con que ha actuado la dirigencia castrista a todos los niveles por casi 60 años. Sería el primer sorprendido si se lograra este bien inmaterial de primer orden. Ojalá que esta Ley de Leyes sea un tanto mejor que la anterior y no papel mojado.
En cuanto “al debido proceso y los derechos esenciales en materia de justicia”, tendrían que mejorar sustancialmente, eso es, refrendar en el texto constitucional la independencia y la imparcialidad de la administración de justicia, que pasa por la eliminación de los incisos h y ch del artículo 90 de la Constitución actual, donde queda claro la subordinación de ésta. También se debe eliminar la figura de “peligrosidad social predelictiva”, donde la presunción de inocencia se pasa por alto; refrendar y crear un mecanismo de seguimiento para castigar a los funcionarios de prisiones y de la policía cuando cometen tratos crueles inhumanos y degradantes; suprimir la Ley 88 y modificar lo necesario del Código Penal para eliminar la criminalización del ejercicio de las libertades básicas; desmontar los Bufetes Colectivos y en consecuencia destutelar a los abogados, así como mejorar lo referente de la igualdad de las partes; revitalizar el hábeas corpus; renovar la infraestructura y transparencia del sistema de justicia y aumentarle los salarios a sus integrantes, entre otras cuestiones.
En cuanto a la estructura del Estado, propongo lo siguiente: concebir un Parlamento plural, bicameral, independiente y con poder real para influir efectivamente en los destinos del país; adoptar un sistema semipresidencialista; crear un Tribunal Electoral Nacional y una Contraloría General como poderes del Estado y que tengan como referencia los estándares internacionalmente reconocidos; otorgarle rango constitucional a la existencia de un subsistema de partidos políticos y establecer elecciones libres y competitivas entre ellos; a nivel municipal, independizar los cargos de presidente del Consejo de la Administración (Ejecutivo) de presidente de la Asamblea local, entre otros. Si al menos no queda refrendado esto, seguiremos empantanados y sin proyección hacia el futuro.
29 de septiembre de 2018
