Recientemente se realizó, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, el Diálogo Hemisférico, un intercambio entre los representantes gubernamentales de los países participantes y los miembros de las 28 coaliciones temáticas que se darán cita en el Foro de la Sociedad Civil el 10 y el 11 de abril próximo en Perú. Allí se puso de manifiesto la intolerancia orgánica de los representantes de La Habana. El diplomático Juan Antonio Fernández interrumpió insolentemente a Jorge Luis Vallejo, miembro del ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia cuando defendía sus puntos de vista. Demás está decir que dicha red tiene 20 capítulos nacionales, un tamaño de 80 instituciones y está correctamente acreditada en el certamen.
La pregunta que debemos hacernos es: ¿La representación castrista creyó que en dicho evento no se daría un debate plural, o fue premeditadamente a escamotearlo? Tengo muchas razones para decantarme por la segunda opción. Pero lo peor de todo es que ese señor habló en nombre de toda Cuba, sin consultar a nadie. Obviamente, en base a una pretendida representación plural de todas las Américas, los organizadores al parecer están dispuestos a soportar a los enemigos de la OEA y sus espacios de concertación. La otra cuestión controversial es que se planteó excluir a Nicolás Maduro, con su autoritarismo populista, y en cambio aceptaron una variante aún más lesiva a la libertad: el totalitarismo castrista. El Grupo de Lima debe revisar eso.
Los días 13 y 14 de abril se efectuará el cónclave de los mandatarios con el tema: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. La gobernabilidad democrática es el fruto de un largo y sinuoso recorrido de la humanidad y nunca está exenta de regresiones, pues lo peor del ser humano aflora con frecuencia, y en ocasiones se hace institucionalmente fuerte. Me parece muy loable el hecho de haber traído el tema a esta cumbre, pues las fuerzas vivas deben consensuar intervenciones correctoras al respecto, así como hacer un frente común ante el flagelo de la corrupción. El axioma resultante es: una buena gobernanza democrática reduce la corrupción a la mínima expresión, y esta última de forma generalizada mina dicha gobernabilidad.
A pesar de la percepción que poseen algunos de regresiones y/o falta de avance en estos dos aspectos, es mucho lo que se ha avanzado, pues si lo examinamos retrospectivamente los terrícolas hemos transitado exitosamente de un “estado de naturaleza” a esta sofisticada urdimbre institucional que llamamos gobernabilidad democrática y que la OEA desglosa en cuatro puntos, que sucintamente son: estabilidad institucional y política y efectividad en la toma de decisiones; continuidad de las reglas y consistencia e intensidad de las decisiones; acortar la brecha entre las demandas de la sociedad y los resultados del gobierno, y finalmente la gobernanza, que pasa por la madurez de una sociedad organizada.
Lamentablemente en nuestra sufrida patria estamos a años luz de ese ideal que defiende el concierto de los pueblos y gobiernos americanos: combatir la problemática de la corrupción desde la promoción e implementación de una buena gobernanza democrática. En Cuba, dada la naturaleza del régimen existente, la corrupción alcanza la máxima expresión. Las razones son variadas: no existe un sistema democrático liberal donde el ciudadano sea el soberano; no hay transparencia en las cuentas públicas pues son consideradas un secreto de Estado y el ocultismo resultante alimenta lo peor; existe un megaestado compuesto por una abultada burocracia de bajísimos ingresos nominales que los empuja a ser depredadores de lo público; no hay partidos políticos y demás organizaciones que compitan entre sí, y en consecuencia, se denuncien mutuamente; no existe un sistema de justicia independiente e imparcial al cual se puedan presentar las denuncias, ni prensa libre que aborde el tema sin ambages; las instituciones económicas de propiedad estatal y el consiguiente déficit de conciencia de dueño en ellas, combinado con los bajísimos salarios de trabajadores y directivos produce una sustracción continua y desproporcionada de la riqueza; no hay un mercado mayorista donde los cuentapropistas (incipiente sector privado) puedan acceder y en consecuencia la demanda de ese sector muchas veces es cubierta con los bienes robados de las empresas estatales; por otra parte, la doble moneda y el doble tipo de cambio produce una brecha para la corrupción de los directivos empresariales, en tanto las élites no están sometidas a las cuatro dimensiones de una verdadera rendición de cuentas: vertical, horizontal, transversal y social, trayendo consigo la impunidad, así como la inamovilidad en sus cargos.
No se dejen engañar por el panorama color rosa que proyectan los representantes del gobierno cubano, pues la corrupción en Cuba, en buena medida, es estructural. El régimen cubano no le permite a gran parte de los representantes de la sociedad civil autónoma cubana asistir a eventos como éste para poder tener el terreno libre y así cometer barbaridades.
27 de marzo de 2018