La resolución constitutiva número 60 establece que, “al elegirse los miembros del Consejo de Derechos Humanos, los Estados deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de dichos derechos, las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto. También, los miembros elegidos deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los mismos y cooperar con el Consejo”. A pesar del historial negro en la materia, el régimen cubano ha sido elegido en cuatro mandatos y se propone postularse nuevamente.
Lo anterior revela que una buena parte de los emergentes países descolonizados poseen democracias imperfectas, y en no pocos casos regímenes no democráticos, y en consecuencia son susceptibles de cerrar filas con el bloque informal pero muy bien aceitado de las autocracias. También existen democracias jóvenes con determinados niveles de consolidación que asumen mecánicamente su política exterior y por tanto no adoptan una posición militante en la materia.
En sentido general se observa un avance en la implementación democrática y de respeto de los derechos humanos a nivel global, pero la progresión en la materia es gradualista, así como está signada con marchas y contramarchas y en ese ínterin es donde conquistan votos los castristas. Se podría apostar en desmantelar dicho organismo por inoperante y consumidor de ingentes recursos, pero la otra variante es dejarles el camino expedito a los violadores y por tanto muchísimo peor.
La misión permanente del gobierno cubano en Ginebra manifiesta su alto nivel de ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos y en consecuencia es parte de 44 de los 61 existentes, pero los referidos no definen lo esencial de los derechos humanos y de la convivencia democrática. El régimen no es parte de los medulares tratados y/o sus protocolos facultativos siguientes: Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (CAT-OP); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR); Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la Pena de Muerte (CCR-OP2- DP); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (CMW).
En una maniobra retorcida en el 2008, el canciller de entonces, Felipe Pérez Roque, firmó los pactos de Nueva York y prometió cursar invitación a otros procedimientos especiales del Consejo. Eso fue en un momento de transición, ya que dicho Consejo había dado por cancelado el mandato del representante personal del alto comisionado para los derechos humanos sobre Cuba, en la persona de Christine Chanet. Han transcurrido 12 años y no se han ratificado los citados pactos ni tampoco otros, así como cursado invitaciones permanentes alguna. En fin, una jugarreta más de la inteligencia castrista.
Una señal negativa es haber modificado el Anteproyecto de Constitución, de modo que la parte dogmática, o sea la de los Derechos, Deberes y Garantías (Título V) quedó subordinada a dicha Constitución y no a los tratados internacionales que pudiera ratificar el gobierno cubano, eso es, los que nos ocupan, lo cual refuerza la naturaleza antidemocrática y violatoria de los derechos humanos del régimen.
En el 3er Ciclo del Examen Periódico Universal el gobierno castrista recibió 339 recomendaciones: 226 contaron con su apoyo, 30 fueron rechazadas y en 83 tomaron nota. Las del primer grupo básicamente no están orientadas a realizar transformaciones estructurales del sistema, las del segundo atacan las bases mismas del totalitarismo existente, y las del tercero ponen al descubierto la doble moral del régimen, pues lo instan, entre otros, a que ratifique los tratados internacionales y los incorporen a la legislación nacional, y ya se sabe cómo culebrean sin llegar a ninguna parte.
Veamos cuáles son las recomendaciones rechazadas por los representantes castristas por ser incompatibles con el entramado constitucional y jurídico vigente: la creación de órganos en virtud de los tratados que nos ocupan para examinar quejas individuales; poner fin a las detenciones arbitrarias y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos y de profesionales de los medios de comunicación; permitir la supervisión independiente de los derechos humanos en los centros de detención; poner terminación a las detenciones arbitrarias de personas antes, durante y después de manifestaciones pacíficas; que todos los detenidos tengan acceso inmediato a asistencia letrada y a comparecer sin demora en una audiencia ante un juez independiente; finiquitar las medidas que restringen la libertad de expresión, reunión y manifestación y la utilización de cargos penales generales como la “peligrosidad social predelictiva”, así como la aplicación de medidas que aseguren la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial.
También reconocer que la vigilancia de los derechos humanos es una actividad legítima y conceder un estatus legal a los grupos locales en este ámbito, así como poner término a la utilización de tácticas de intimidación, y permitir que dichos defensores y la sociedad civil en general colaboren con las Naciones Unidas y sus mecanismos, entre otros muchos.
Debemos seguir insistiendo en que los castristas ratifiquen los diferentes tratados y/o protocolos facultativos, porque bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, la tan ansiada transición hacia la democracia en nuestro país sería mucho menos traumática, pero debemos prepararnos para conquistar la misma con la aplicación de la no violencia activa, porque los que detentan el poder con mano dura no nos dejan otras alternativas.
4 de julio de 2020
Nota: Se tomó como referencia el texto “La Falta de Compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Derechos Humanos”, de Brian Shapira y Roxana Perel (CADAL).